En el ámbito social, nuestro país ha sido a lo largo del siglo XX un gran artífice de los progresos en materia social, como la alfabetización universal de principios de siglo y las conquistas sociales de los gobiernos de Perón, el salario mínimo, vital y móvil, las vacaciones pagas, los convenios colectivos, el aguinaldo, el estatuto del peón rural. En lo político, a pesar del drama de las dictaduras militares y los grandes cambios de rumbo, a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI hubo grandes conquistas. La ley Sáenz Peña de voto secreto y obligatorio fue una revolución política a principios del siglo XX. La Reforma Universitaria de 1918 constituye una referencia internacional; planteó la democratización de la enseñanza universitaria, autonomía y libertad de cátedra, en un mundo que salía de la Primera Guerra Mundial para hundirse pronto en otra guerra aún peor. Y más tarde, el voto de la mujer.
Claro que también fuimos protagonistas voluntarios o involuntarios de los peores retrocesos políticos. Pero tomamos el toro por las astas. Aquí, desde el retorno de la democracia la Justicia investigó y llegó más lejos que en ninguna parte en la búsqueda de la verdad, y las políticas de derechos humanos de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner afianzaron y profundizaron los logros. Y ahora la Presidenta puso foco en otro paso en falso, al disponer la desclasificación del Informe Rattenbach, que descubre las aberraciones de un régimen que apostó a la supervivencia política encarando una aventura militar en el Atlántico Sur. Fueron grandes errores políticos, es cierto, pero aprendimos de ellos.
En estos momentos, estamos a las puertas de una fase de desarrollo que nos llevaría por fin adonde debemos hallarnos como Nación. Por eso, la Presidenta, con mucha inspiración y sabiduría política y un impecable manejo de los tiempos, está fijando la agenda política alrededor de uno de los principales problemas que arrastra nuestro país y que se agrava desde hace cincuenta años: la fuerte concentración poblacional y económica alrededor de la metrópoli. Ninguna política de inversiones alcanza para recuperar la calidad de vida en el área metropolitana, mientras se desaprovecha el potencial de desarrollo del interior, donde es compatible con altos niveles de calidad de vida.
Ello exige respuestas por parte del Estado. Y así como la Presidenta propone los planes y las políticas macro de industrialización de la ruralidad, como el Plan Estratégico Industrial 2020, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, promueve y aplica políticas de descentralización y desconcentración, que se abordan integralmente y se plasman como rumbo estratégico en el Plan de Regionalización provincial. Este plan es una apuesta estratégica al desarrollo industrial del interior de la Provincia como forma de descomprimir el Conurbano, propone una región metropolitana para atender los desafíos de la gestión de la mayor concentración urbana del país y también impulsa el fortalecimiento de los gobiernos locales. Una iniciativa inspirada y enmarcada absolutamente dentro de las políticas estratégicas del Gobierno nacional.
El discurso de la Presidenta en Lincoln, a finales de 2011, fue muy claro en este sentido, cuando señaló que las políticas impulsadas por la Nación persiguen el objetivo de “poder desarrollar una generación de pequeñas y medianas industrias en cada uno de nuestros pueblos rurales”. Al Estado le cabe un rol preponderante en la instrumentación de estas políticas: “No hay nadie en Argentina ni en el mundo que piense que el Estado puede estar ausente en una política de crecimiento”, decía la Presidenta en un discurso en la provincia de Santa Fe, complementario al pronunciado en Lincoln. Claramente, la Presidenta propone transitar del crecimiento económico al desarrollo, y presenta políticas estratégicas que conformarán una Argentina mucho más equilibrada y moderna.
Todos los esfuerzos deben alinearse con este objetivo de desarrollo. Por eso, el gobernador Scioli ha determinado que, desde el principal holding empresario de capitales públicos del país, el Grupo Banco Provincia, además de impulsar el Plan de Regionalización, pongamos todas nuestras herramientas operativas al servicio del desarrollo productivo del interior, en clara sintonía con estas políticas que acompañamos con entusiasmo desde el gobierno provincial.
En el Grupo Banco Provincia concentramos una serie de empresas que proveen servicios a sectores productivos y a particulares de los principales centros urbanos y económicos del país (y a gobiernos locales de la Provincia), extendiendo su actividad a través de una gran variedad de servicios financieros y de administración de los riesgos en diversas actividades industriales y de servicios. Así como apoyamos la actividad de un productor metalúrgico, automotor o agropecuario, lo hacemos de igual manera con un ciudadano que requiere de servicios públicos esenciales como la tramitación de su DNI o pasaporte, que solicita la tarjeta SUBE, que requiere un seguro para su automóvil o que demanda un leasing para equipar su consultorio, su estudio o la renovación de su automóvil. Los municipios de la Provincia, por su parte, pueden apoyarse en el Grupo Banco Provincia a través de herramientas financieras como el leasing o el fideicomiso que les permiten acceder a instalaciones para el reciclado de residuos, la reconversión ambiental, el mantenimiento urbano y la provisión de diferentes servicios públicos.
A la Argentina se le presenta una oportunidad histórica de integrar todos los avances en lo político, social y económico que logramos durante nuestra historia. De hacer realidad aquello de “en vías de desarrollo”. Desde la Provincia, lo que nos toca hacer para acompañar a la Presidenta en este rumbo estratégico es mirar al interior, donde residen nuestras esperanzas de desatar el gran nudo del desarrollo del país: el área metropolitana de Buenos Aires.
